En un convivio, el excelente periodista y mejor amigo Héctor Morquecho Ibarra, deleitó a los presentes con una de sus extraordinarias perlas de fina ironía y sarcasmo. Dijo: “político sin constructora, no es político”.

Presentes en la reunión, había por lo menos un par de estos personajes que cumplían a la perfección con la descripción que hizo el mordaz comunicador. Al menos uno de ellos se acercó a Héctor y le reclamó: “qué pasó, yo tengo mi constructora”.

-- Ni modo, acotó Morquecho, ya lo dije.

La anécdota viene a cuento por los recientes conflictos de intereses destapados en el ayuntamiento de Guadalajara con funcionarios a los que aparentemente se ha favorecido con jugosos contratos.

En tiempos en que el PRI ejercía un poder hegemónico en el país, existían algunas reglas más o menos conocidas. Los políticos con sus constructoras de aquí conseguían obra pública de gobiernos de otras partes de México; obviamente los políticos y empresas de allá, obtenían contratos acá.

Otra práctica común era el empleo de prestanombres y por último está el famoso “diezmo” que no era otra cosa que cobrar el diez por ciento sobre la obra o contrato de servicio otorgado a un proveedor.

Todas estas prácticas siguen vivas. Ni la llegada de la “democracia” (como llaman al arribo del PAN a la presidencia de la República) o la alternancia en municipios o estados, han frenado la corrupción que se manifiesta en este tipo de abusos. Sólo que ahora ya no son solamente constructoras, sino consultorías, despachos y asesorías.

En el PAN, un destacado panista concentraba en tiempos electorales todos los trabajos de impresiones y propaganda que tenía que hacer el partido; otro panista me confió que en el gobierno de Juan Sánchez Aldana en Zapopan a un proveedor le pedían un millón de pesos para sacarle un cheque que estaba atorado.

En la administración desastrosa del panista Jorge Vizcarra en Tonalá, a un proveedor le pagaron con un cheque sin fondos y luego no quisieron cubrírselo; cuando insistió en el gobierno del priísta Antonio Mateos, le pedían el 30 por ciento de comisión para pagárselo.

Datos obtenidos por este columnista, muestran que durante la polémica gestión de Rodolfo Ocampo en el SIAPA, importantes contratos fueron asignados a empresas que guardaban relación con políticos o “técnicos” del mismo organismo. Algunos de éstos aún trabajan en el SIAPA, tema que será motivo de una futura entrega.

Lo espero en Paralelo 20, lunes a viernes de 13:00 a 14:00 horas en Canal 58, 580 AM.

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